¿Se debe aceptar un correo electrónico, un SMS o una página web como prueba válida para un juicio? A preguntas como esta se enfrentan cada día diferentes tribunales de nuestro país que no saben cómo actuar ante las pruebas electrónicas que aparecen, cada vez con más frecuencia, en la jurisdicción laboral, “ya que los equipos informáticos forman parte de la realidad de muchos trabajadores españoles”, según señalan desde Cybex, empresa que ha organizado el VI Seminario de Pruebas Electrónicas junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Durante los tres días que ha durado el Seminario, magistrados, fiscales y abogados han debatido sobre el ciberdelito y el cibercrimen, además de analizar las herramientas electrónicas que se ponen a disposición de la Justicia para probar y castigar delitos digitales.

El exvocal del CGPJ Enrique López López ha reconocido que desde los tribunales “se requiere formación”, puesto que “día a día se reclama al juez desde las partes que se resuelvan conflictos jurídicos basados en prueba netamente electrónica”. El principal escollo con el que se encuentra la Justicia, al margen de la formación de los magistrados es la conservación de la prueba, dedo que “la admisión de este tipo de pruebas está muy ligada a la conservación digital o telemática, es decir, a que se asegure la integridad e inalterabilidad de los datos y ficheros informáticos originales. De ahí, la importancia de la obtención de las pruebas digitales de forma apropiada y la salvaguarda de la cadena de custodia de las mismas”.