Jorge Dumont Sañudo, Marketing Sector AA.PP Telefónica España
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La Ley 11/2007 de 22 de Junio, denominada como Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAESCP), establece un horizonte temporal de apenas dos años en el que la administración debe garantizar, en primer lugar, una libre elección de canal a través del cual los ciudadanos se relacionarán con las administraciones públicas (oficina, teléfono, Internet, etc.). También debe permitir la posibilidad de que los ciudadanos conozcan el estado de sus solicitudes a través de los procedimientos electrónicos; la obtención de copias electrónicas de los documentos oficiales y no tener que aportar datos que ya estén en poder de los organismos públicos. Además, las administraciones deberán poder operar e intercambiar datos entre ellas.
Mediante esta Ley, el Gobierno agrupa en una norma toda una regulación dispersa con elobjetivo de que todas las administraciones públicas ofrezcan de forma electrónica los servicios que ya prestan, y además se asegura el cumplimiento, al establecer el 31 de Diciembre de 2009 como fecha límite.
La aprobación de la LAECSP sitúa a España en una posición privilegiada en el ámbito internacional, ya que tan sólo otros tres países disfrutan de una norma similar, si bien, el camino hasta su plena implantación es complicado y se afronta de distinta manera según el nivel de administración al que se haga referencia.
En el ámbito de la Administración General del Estado, por ejemplo, se ha aprobado un plan de desarrollo de la LAECSP, mediante el cual se establece un calendario de aplicación gradual centrado en cuatro líneas de trabajo, que garantiza la adecuación de la Ley a los más de 2.500 procedimientos administrativos actualmente existentes en la AGE.
Pero son los Gobiernos regionales y en mayor medida los Locales los que se van a encontrar con mayores dificultades a la hora de cumplir la nueva Ley.

Las Administraciones Locales, las primeras
La Administración Local es la más cercana al ciudadano, se estima que el 80 por ciento de los contactos del ciudadano con la administración se inician en los Ayuntamientos, pero también es la que menos recursos tiene a su disposición para atender electrónicamente a sus ciudadanos.
El papel de los órganos supramunicipales es vital en este proceso de modernización de la administración. Las Diputaciones o Comunidades Autónomas uniprovinciales son instituciones a las que corresponde el Gobierno y la Administración autónoma de la provincia, según lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local y en los respectivos Estatutos de autonomía, y sus competencias se sintetizan en el apoyo al desarrollo provincial y gestión de la actividad municipal.

En estos dos años, hasta el 31 de Diciembre de 2009, las Diputaciones tienen conciencia de su protagonismo y se han puesto manos a la obra, liderando proyectos de modernización en la Administración Local de sus provincias. La estrategia a seguir es la “Prestación de servicios en Red”.

La tecnología ha alcanzado un punto de madurez que permite que los elementos necesarios para prestar un servicio no tengan por qué estar ubicados en la entidad que recibe dichos servicios, sino que puedan aprovisionarse desde la Red.
De esta forma, un Ayuntamiento puede prestar servicios de Administración electrónica a sus ciudadanos y empresas sin necesidad de disponer de una infraestructura propia de equipos y aplicaciones con las correspondientes licencias, ni de personal para el mantenimiento técnico de dicha infraestructura, con lo que puede dedicar más recursos humanos a gestionar el servicio al ciudadano.
La virtualización permite que las Diputaciones pongan a disposición de los Ayuntamientos recursos compartidos con la misma eficiencia que si realmente dispusiesen de una plataforma propia pero con evidentes ventajas de rentabilidad, ya que aprovechan sinergias y economías de escala, y facilitan un crecimiento homogéneo y sostenible porque el Ayuntamiento se centra únicamente en su actividad específica y no tiene que preocuparse de la gestión de la tecnología.

Se evoluciona así del modelo tradicional de inversión en proyectos y soluciones a medida para cada uno de los Ayuntamientos, a un modelo de contratación de servicios personalizados que se integran en una solución global para el Ayuntamiento.

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